Tras permanecer 37 años llevando el timón de Pescanova, Manuel Fernández-Sousa, abandonó en julio de 2013 la presidencia de la multinacional pesquera para evitar ser inhabilitado. Su salida se produjo tras conocerse que la sociedad tenía un agujero patrimonial de 927 millones y que hubo una trama organizada durante años.

Supuestamente, el presidente de Pescanova y parte de su equipo directivo articularon durante años una trama para ocultar deuda, pérdidas y dar una imagen irreal de la segunda multinacional de Galicia. Así lo corroboró el informe forense de KPMG. El caso está en vía de resolución judicial.

El Supremo rechaza el recurso de casación para la unificación de doctrina que presentó Fernández de Sousa-Faro, en el que pedía al alto tribunal que ordenase a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) la suspensión del procedimiento sancionador hasta la firmeza de la resolución penal que recaiga en la causa sobre Pescanova que se sigue en el Juzgado Central de Instrucción número 5 de la Audiencia Nacional, así como la devolución de las cantidades ingresadas por la sanción del Ministerio de Economía y Competitividad.

El Supremo rechaza la pretensión y confirma la decisión de la Sala de lo Contencioso de la Audiencia Nacional, que avaló la sanción. El recurrente reclamaba la unificación de doctrina en relación a cuatro sentencias del propio Supremo, donde sí se había suspendido un proceso sancionador administrativo a la espera de la resolución de procesos penales.

Sin embargo, el alto tribunal señala que el recurso del expresidente de Pescanova no puede prosperar al no concurrir los presupuestos necesarios de identidad entre la sentencia impugnada y las cuatro sentencias de contraste esgrimidas por el recurrente, ya que en estas cuatro últimas la Sala consideró que en el proceso penal se investigaban hechos que si no eran los mismos eran imposibles de separar de los que eran objeto de la sanción.

En el caso de la sanción de Fernández de Sousa, la Audiencia subraya "la independencia entre el hecho que origina el procedimiento administrativo, que fue el incumplimiento de la obligación de un consejero de comunicar e informar de las participaciones significativas, y los hechos por los que se siguen las diligencias penales por los presuntos delitos de falseamiento de información financiera, falseamiento de cuentas anuales y uso de información relevante".