El informe, hecho públlico este martes, indica que los últimos datos recogidos por ambas ONG señalan que “hay más de un millón de sirios en estado de sitio en lugares de Damasco, Damasco Rural, Homs, Deir ez-Zor e Idlib”, y que “el alcance y la gravedad” de los asedios “sigue creciendo”, por lo que es necesario “un acceso humanitario sin obstáculos”. “La inanición deliberada de la población civil es también una violación grave del Cuarto Convenio de Ginebra y, por tanto, un crimen de guerra”, apostilla.

El estudio, al que tuvo acceso Servimedia, recalca que la magnitud de la crisis en los lugares sitiados es “mucho peor” de lo reconocido por la OCHA, que a finales del pasado enero informó de que 486.700 personas vivían en zonas sitiadas y de difícil alcance para la entrega de ayuda alimentaria u otro tipo de suministros humanitarios en Siria, de las que 274.200 estaban asediadas por las fuerzas del Gobierno, 200.000 por el grupo terrorista Daesh (o autodenominado Estado Islámico) y 12.500 por grupos armados no estatales y la organización islamista Frente Al Nusra.

El informe de PAX y el Instituto de Siria indica que el Gobierno de Bachar el Asad y sus aliados son “con mucho” los “grandes autores de asedios contra civiles”. Así, de las 46 comunidades sitiadas identificadas, en las que viven 1.099.475 personas, las fuerzas gubernamentales están de forma exclusiva detrás de 37 lugares cercados y junto a otras partes del conflicto en otras siete.

Tres comunidades están asediadas por tropas leales a El Asad y miembros de Daesh (Al-Qadam, en Damasco; Yelda, en Damasco Rural, y la ciudad de Deir ez-Zor), dos lo están por grupos armados de la oposición (Fua y Kefraya, en la gobernación de Idlib), dos por fuerzas gubernamentales y Hezbolá (Zabadani y Madaya, en Damasco Rural), una por afines al régimen y rebeldes (Hajar al-Aswad, en Damasco Rural) y una por fuerzas del Gobierno y una facción palestina (Yarmouk, en Damasco).

CRÍTICAS A LA ONU

El informe recalca que los informes mensuales de la ONU no incluyen decenas de comunidades asediadas y “subestiman drásticamente el número de personas que viven en estado de sitio”, lo que conduce a que muchas personas “siguen sin ser conscientes de la magnitud de la crisis y, como resultado, la respuesta internacional ha sido silenciada”.

PAX y el Instiuto de Siria ponen como ejemplo la ciudad de Madaya, cuya situación fue conocida internacionalmente el pasado mes de enero al difundirse fotografías de habitantes “gravemente demacrados”, pero esta comunidad no figuraba en los informes mensuales del secretario general de la ONU al Consejo de Seguridad de este organismo.

El informe indica que las comunidades asediadas por el Gobierno sirio comparten características comunes, como la privación (ausencia de electricidad y agua corriente, y acceso limitado, si lo hay, a alimentos, combustible y atención médica), con lo que las víctimas “se enfrentan a un elevado riesgo de muerte por enfermedades infecciosas, enfermedades crónicas, lesiones e hipotermia”.

Otros factores son la violencia (ataques con armas convencionales, minas terrestres, municiones en racimo y armas químicas en lugares civiles como centros médicos, mercados y escuelas), extorsión económica (con la economía dependiente del contrabando y el soborno), reclutamiento (de hombres y niños mediante amenazas, chantaje y adoctrinamiento) y desplazamientos de población.

Por ello, PAX y el Instituto de Siria concluyen que la ONU ofrece “una visión distorsionada e inexacta de la situación sobre el terreno” y que el acceso humanitario es “generalmente mínimo” porque continúan las restricciones de movimientos.