Catalá se refirió a esta cuestión en una rueda de prensa conjunta en su departamento con la consejera valenciana de Justicia, Gabriela Bravo, con la que analizó cuestiones como la implantación del sistema de notificaciones electrónicas o si debe incrementarse la plantilla judicial en esta autonomía.

Durante esta comparecencia, el ministro fue preguntado por el hecho de que Carmena este lunes, al cuestionar el encarcelamiento de los miembros de ‘Títeres desde abajo’, dijera que la obra que representaron (‘La bruja y don Cristóbal’) no debía entenderse como un apoyo a “un determinado movimiento político como es ETA o como puede ser ahora el terrorismo yihadista".

A este respecto, el titular de Justica sostuvo que “calificar a la banda terrorista ETA como un movimiento político es incurrir en un gravísimo error”. “Le hace un flaquísimo favor a nuestra democracia, a las víctimas a todo el movimiento de la sociedad española contra el terrorismo”, remarcó.

“CERCANÍA Y SIMPATÍA”

Añadió que usar esta denominación para referirse a la banda etarra “pone de manifiesto cómo ven algunos la realidad de la sociedad española, como interpretan los movimientos terroristas y su cercanía y su simpatía hacia esos entornos”.

A su juicio, esta simpatía de algunos políticos hacia estos “entornos” se manifiesta también “cuando solicitan la libertad de los detenidos (en referencia a los titiriteros) o cuando pretenden calificar a una banda terrorista como ETA de un movimiento político”.

Insistió en que referirse de esta forma a la banda terrorista vasca es “un error en el mismo sentido” que patrocinar desde el Ayuntamiento de Madrid una obra en la que se ahorcaba a un juez o se apuñalaba a una embarazada. Sostuvo que amparar desde una institución pública contenidos de este tipo es “absolutamente deleznable”.

Respecto a si la Audiencia Nacional debería resolver pronto si mantiene en prisión a los integrantes de ‘Títeres desde abajo’, el ministro señaló que cuando antes se decida esta cuestión será mejor, puesto que se sitúa en la línea de reclamar una Administración judicial “más ágil, de calidad, de garantías”.