La ONG señala que estas reformas “fueron objeto de protesta por parte de los periodistas, medios y otros sectores sociales”. Explica que en marzo quedó aprobada definitivamente la nueva ley de Seguridad Ciudadana, “conocida como ‘ley mordaza’ por sus disposiciones restrictivas para la libertad de información, expresión y manifestación”.

El texto de esta ley, aprobado con los únicos votos del Partido Popular, sanciona la toma y difusión de imágenes en la calle de agentes de las fuerzas de seguridad, con multas que van desde los 600 hasta los 30.000 euros, tanto para periodistas y medios de comunicación como para ciudadanos que capturen y/o publiquen “imágenes no autorizadas de las fuerzas de seguridad que puedan comprometer la seguridad personal o poner en riesgo el éxito de una operación".

“Hasta la aprobación de esta ley, que todos los partidos políticos se han comprometido a derogar caso de llegar al gobierno, este tipo de consideraciones eran competencia de un juez”, explica RsF.

"CARPETAZO AL 'CASO COUSO'"

En junio, se aprobó una reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal que “atenta”, a juicio de Reporteros, “contra el derecho a la libertad de prensa al impedir tomar imágenes -fotografías o vídeos- de los detenidos durante su arresto o en los traslados que se produzcan, un material considerado esencial a la hora de informar”. RSF considera “sospechoso y preocupante” esta decisión del Gobierno “precisamente cuando los casos de corrupción estaban afectando directamente a muchos miembros de su partido”.

RSF también destaca del último año que volvió a pedir, sin éxito, la erradicación en España de las “pautas electorales que coartan el normal acceso a la información profesional”. “España es el único país europeo que restringe la información electoral a través de un órgano político, la Junta Electoral Central, que controla la información en radios y televisiones públicas aplicando rígidos criterios formales que condicionan una información profesional”.

Ademas, refiere que el juez Pedraz, que investigaba el caso del cámara de Telecinco asesinado en Iraq, José Couso, “tuvo que dar carpetazo a la investigación y cerrar el caso, ya que la reforma de la ley Orgánica del Poder Judicial (marzo de 2014), que afectaba a la aplicación de la “justicia universal” imposibilita perseguir un crimen de guerra contra un español en cualquier país extranjero, aunque los tratados internacionales ratificados por España como las Convenciones de Ginebra obligan a los Estados a perseguir los crímenes de guerra”.

Reporteros también destaca como negativo de 2015 para el periodismo en España la desaparición en Alepo, Siria, de los periodistas españoles Antonio Pampliega, Ángel Sastre y José Manuel López, presuntamente secuestrados por el Frente Al-Nusra.