Durante el mandato de Figar, la matrícula pasó de 76.081 alumnos a 38.174 (casi el 50% del total), “como producto de una absoluta falta de interés y sensibilidad hacia el sector humano al que va dirigido”, apuntó UGT en un comunicado.

Sin embargo, agregó, la Ley de Presupuestos Generales de la Comunidad de Madrid para el ejercicio 2016 mantiene los recortes de 2015, con lo que dicha red de centros no podrá recuperar las cotas de servicio público alcanzados en 2011-12.

Por ello, FETE-UGT instó al Gobierno regional a recuperar las enseñanzas y el prestigio de los Centros de Educación de Personas Adultas, y exigió a la Dirección General de FP y Enseñanzas de Régimen Especial volver a la oferta existentes antes de los recortes (enseñanzas básicas, técnico-profesionales, para el desarrollo personal y la participación) y adecuarla a las necesidades actuales.

Asimismo, propuso abrir los grupos suficientes para atender la demanda de español para extranjeros y suscribir el convenio pertinente con el Instituto Cervantes a fin de que los CEPA impartan el currículum de este organismo en cuanto a la acreditación de los niveles iniciales de español, así como el curso que se exige a los extranjeros para obtener la nacionalidad española.

También pidió regular ratios de alumnado por grupo, desarrollar una plataforma que permita la formación 'online' de Secundaria y ofrecer en los CEPA las materias específicas de las pruebas de acceso a FP.

Por último, reclamó adaptar las plantillas de cada centro a sus necesidades de cupo, crear la figura del orientador, reforzar las plazas de administrativos, equiparar las retribuciones de los equipos directivos con las del resto de niveles no universitarios y crear un CEPA en el establecimiento penitenciario Madrid VII Estremera.