El Consejo de Gobierno de Canarias considera una vulneración del derecho a la protección de la ciudadanía el decreto de prescripción enfermera aprobado en octubre, además de afirmar que infringe las competencias de la Comunidad Autónoma de Canarias. Al tratarse de una disposición del Consejo de Ministros, el Tribunal Supremo es la única instancia ante el que se pueden presentar recursos de este tipo.

Los servicios jurídicos del Gobierno de Canarias alegan que el decreto “adolece de vicios materiales y procedimentales que justifican su impugnación”, siguiendo así el camino emprendido por otras comunidades.

El pasado 20 de enero el Supremo aceptó a trámite otro recurso presentado por el Consejo General de Enfermería contra el párrafo segundo del artículo 3, apartado 2 del Decreto de Prescripción Enfermera.