Fernández, que preguntó al gerente del Canal de Isabel II por el anuncio de la privatización, pidió los documentos jurídicos que maneja el Gobierno regional para avalar esta privatización de una empresa pública y datos sobre la situación de los convenios de colaboración con los ayuntamientos de la nueva empresa que surja tras la sacada a Bolsa del 49% del capital de esta sociedad que gestiona el agua.

Dijo que son “discutibles” la razones expuestas para esta privatización, que, a su juicio, se realiza “sólo por razones ideológicas, las del Gobierno de Aguirre, que cree que liberalizar es la mejor forma de gestionar la cosa pública”.

Fernández solicitó información sobre los planes y plazos de la privatización y garantías para la continuidad empleo de los trabajadores del Canal y de que no se incrementarán las tarifas.

El gerente del Canal, Adrián Martín, explicó que la operación consiste en sacar a Bolsa el 49% del capital, con el objetivo de obtener ingresos para las inversiones necesarias en los próximos años, cerca de 4.000 millones de euros.

Aseguró que el Canal seguirá siendo una empresa pública, y también su gestión, y explicó que la calidad del servicio y del agua seguirán siendo las mismas.

Asimismo, afirmó que los empleados de esta empresa pública seguirán en sus empleos en la nueva sociedad que se cree con este proceso de capitalización.

Dio pocos datos sobre este proceso, aunque fue requerido para ellos por la oposición, y afirmó que “estamos en la fase de diseño de la operación”.

Indicó que la deuda del Canal es de 965 millones de euros y que no se pueden abordar las nuevas y necesarias inversiones para mantener la calidad del agua de la región si no es con este sistema.

Afirmó que también se podrían abordar esas inversiones subiendo las tarifas del agua de “manera inasumible” para los madrileños, pero han preferido sacar a Bolsa el 49% del Canal.