Según ha informado el Gobierno regional en un comunicado, tanto la apertura como el cierre de centros sanitarios requiere de una autorización previa de la Consejería de Sanidad, pero en este caso, no consta la solicitud de este permiso de clausura para las mencionadas clínicas.

Este trámite, prosigue la Comunidad de Madrid, se exige, entre otras cuestiones, para garantizar que ningún paciente pueda verse afectado por el cese de actividad del centro.

Por este motivo, si las inspecciones determinan que el cierre de las clínicas no contaba con autorización podrían incoarse expedientes sancionadores contra sus responsables.

Asimismo, el Gobierno de Cristina Cifuentes asegura que los pacientes afectados que presenten un cuadro médico que requiera la asistencia de urgencia podrán acudir a los centros sanitarios de la Comunidad.

Finalmente, informa de que la reclamación sobre la posible mala praxis que pueda implicar la interrupción de procedimientos odontológicos se deberá plantear ante la Comisión de Deontología del Colegio Oficial de Odontólogos de la Región, con sede en Madrid, o ante instancias judiciales, ya que se trata del ámbito privado.