Estos expertos señalaron en un comunicado que la resistencia a la despenalización del aborto por parte de algunos grupos, como las organizaciones religiosas, ha retrasado la firma de la ley, que tiene como finalidad garantizar que mujeres y adolescentes accedan a servicios de aborto seguro y autoriza la interrupción del embarazo durante las 12 primeras semanas, plazo que se duplica en los casos de incesto, violación, malformación fetal o riesgo para la salud de la madre.

Sierra Leona es el país con la mayor tasa de mortalidad materna del mundo, con 1.360 muertes por cada 100.000 bebés nacidos vivos, según un informe publicado el pasado noviembre por la OMS (Organización Mundial de la Salud), Unicef (Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia), Unfpa (Fondo de Población de las Naciones Unidas), el Banco Mundial y la División de Población de la ONU.

Esta tasa se ha reducido un 54% respecto a las muertes relacionadas con la maternidad en 1993. La mayoría de ellas se deben a abortos inseguros y a la falta de acceso a tratamiento sanitario, en tanto que la negación de los servicios de salud reproductiva también puede causar “un tremendo y duradero sufrimiento físico y emocional”, según los expertos.

“Sierra Leona tiene una gran oportunidad para salvar cientos de vidas de mujeres y adolescentes con la adopción de la ley”, que los expertos consideraron “fundamental para avanzar en el derecho a la salud de mujeres y adolescentes, incluidos los derechos sexuales y reproductivos”.

LIDERAZGO EN ÁFRICA

Estos expertos en derechos humanos recalcaron que, si se adopta finalmente la ley, “Sierra Leona se convertiría en una de las naciones africanas líderes en tomar medidas efectivas para reducir la mortalidad materna y en reafirmar los derechos humanos de las mujeres”.

Además, llamaron a Sierra Leona a “respetar sus obligaciones en virtud del derecho internacional y regional de los derechos humanos, garantizando el acceso a la salud y los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres, incluidos la atención de la salud materna y el acceso a todos los métodos de anticoncepción".

Según la OMS, las leyes restrictivas sobre el aborto no recuden el número de interrupciones de embarazos y, en cambio, obligan a las mujeres a hacer esta práctica de forma clandestina e insegura, lo que pone en peligro sus vidas y su salud.

Los expertos de la ONU son Eleonora Zielinska, presidente-relatora del grupo de trabajo sobre la cuestión de la discriminación contra la mujer en la legislación y en la práctica; Dainius Puras, relator especial sobre el derecho de toda persona al disfrute del más alto nivel posible de salud física y mental; Juan E. Méndez, relator especial sobre la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes, y Dubravka Simonovic, relatora especial sobre la violencia contra la mujer, sus causas y consecuencias. La de la CADHP es Lucy Asuagbor, relatora especial sobre los derechos de las mujeres.