HRW subraya que “miembros del Tribunal Supremo han rechazado abiertamente el principio de separación de poderes, han expresado de forma pública su compromiso con promover la agenda política del gobierno y reiteradamente han emitido sentencias a favor de éste, avalando así su creciente desprecio por los derechos humanos”.

Así, recalca que la jueza María Lourdes Afiuni sigue procesada penalmente por una decisión dictada en 2009, en la que concedió la libertad condicional a un crítico del Gobierno cumpliendo una recomendación emitida por organismos internacionales de derechos humanos, pero otro juez, que declaró públicamente su lealtad a Chávez, la condenó por corrupción, abuso de autoridad y “favorecimiento para la evasión”. Tras un año de prisión y dos de arresto domiciliario, Afiuni fue puesta en libertad condicional, pero sigue sujeta a proceso penal.

El informe indica que, “en múltiples oportunidades”, las autoridades venezolanas han aprovechado la falta de independencia del sistema judicial para detener y procesar a destacados dirigentes opositores, como Leopoldo López, condenado el pasado septiembre a más de 13 años de prisión por diversos delitos, entre ellos el de “incitación pública” a delinquir durante una manifestación en Caracas en febrero de 2014.

AUTOCENSURA

Por otro lado, HRW recalca que, con el liderazgo de Chávez y ahora de Nicolás Maduro, “la acumulación de poder en el ejecutivo y el deterioro de las garantías de derechos humanos han permitido que el gobierno intimide, censure y persiga penalmente a sus críticos, lo cual ha llevado a crecientes niveles de autocensura”.

Así, apunta que dirigentes políticos de la oposición fueron detenidos arbitrariamente, juzgados, condenados e inhabilitados para postularse a cargos públicos en las elecciones legislativas del pasado mes de diciembre, en tanto que las autoridades también procesaron penalmente a decenas de ciudadanos de a pie por haber expresado críticas contra el Gobierno.

“Los abusos policiales, las condiciones deficientes en centros penitenciarios y la impunidad en casos de abusos cometidos por miembros de las fuerzas de seguridad -incluidas detenciones arbitrarias, golpizas y negación de derechos básicos de debido proceso a participantes en manifestaciones mayormente pacíficas ocurridas a principios de 2014- continúan siendo problemas muy serios”, añade.

Además, HRW menciona otros “problemas” en Venezuela, como la falta de acceso a medicamentos y suministros básicos debido a las políticas de Maduro, y el “repetido hostigamiento” a defensores de derechos humanos por parte de funcionarios gubernamentales.

HRW recoge en su informe que “los manifestantes siguen siendo procesados penalmente por participar en manifestaciones pacíficas” y que Maduro movilizó desde el pasado mes de julio a más de 80.000 miembros de las fuerzas de seguridad, en el marco de la ‘Operación Liberación del Pueblo’, para combatir la inseguridad y la venta ilegal de productos con desabastecimiento, pero se han documentado casos de detenciones arbitrarias, allanamientos ilegales de viviendas y abusos verbales y físicos, así como decenas de muertes reconocidas por el Gobierno.

En cuanto a la libertad de expresión, HRW apunta que el Gobierno ha ampliado y ejercido de forma “abusiva” su potestad de regular los medios de comunicación durante la última década, con “medidas enérgicas” hacia los que ofrecen una programación crítica, de manera que “la autocensura por temor a represalias gubernamentales es habitual”.

Por último, el informe señala que el año pasado hubo “reiteradas acusaciones infundadas” contra defensores de los derechos humanos, el Gobierno no aseguró la disponibilidad y la accesibilidad de medicamentos y artículos esenciales para los ciudadanos, al tiempo que “la corrupción, la seguridad deficiente, el deterioro de la infraestructura, la superpoblación, la falta de personal suficiente y la capacitación inadecuada de guardias han permitido que miembros de pandillas armadas ejerzan el control efectivo de las cárceles en las cuales están recluidos”.