Una reciente reforma legal obliga a notificar a los profesionales que trabajen con la infancia que están limpios de delitos sexuales, pero hasta la entrada en funcionamiento del Registro Central de Delincuentes Sexuales, el 1 de marzo, estos profesionales deberán hacerse con un certificado negativo de penados.

“Transitoriamente, como no se puede pedir sólo el certificado de delitos sexuales, se pide el de penados. Y si alguien ha sido condenado por otro tipo de delitos, como de tráfico, puede aparecer una información que, aunque no impide que se le contrate, no tendría por qué haber aparecido”, dijo Tamarit a Servimedia.

Además, decenas de solicitantes están soportando largas colas para obtener ese documento, según explicaron distintos usuarios, por lo que el experto en Derecho Penal subrayó la contradicción que supone que sea “la misma” Administración la que exige el documento que la que “no es capaz de gestionarlo adecuadamente”. “Son molestias prescindibles”, aseveró.

REGISTRO 'DE DUDOSA NECESIDAD'

Respecto al citado registro, el catedrático tildó la medida “de dudosa necesidad”, pues no tiene en cuenta “algunas cuestiones que la comunidad científica conoce sobre la problemática de los abusos sexuales”, como que es “básicamente intrafamiliar”.

Según Josep M. Tamarit se ha producido la “construcción social con estereotipos del delincuente sexual”, como que es una persona desconocida o que no puede rehabilitarse y reincide. “Son ideas que derivan de un pánico moral sin un conocimiento riguroso de la realidad”, aseveró.

“Aparte de que es una medida desproporcionada”, insistió, porque se pedirán delitos sexuales “sean graves o no”, incluidos asuntos “poco graves” como el exhibicionismo. “Luego se establece un periodo de cancelación de estos antecedentes larguísimo, de treinta años”, agregó. Desde su experiencia, en estas medidas del Gobierno contra los delincuentes sexuales falta “base científica sólida”.

Según los cálculos oficiales, en España hay más de 43.000 personas condenadas por delitos contra la libertad e identidad sexual, en cuestiones como prostitución, exhibicionismo y corrupción de menores, delitos de diversa gravedad que pueden tener una pena que va desde una multa hasta “muchos años de prisión”.