Según informó el Ministerio de Asuntos Exteriores español, esta medida constituye un “incentivo” para la expansión de asentamientos de colonos en los territorios ocupados, que son “ilegales” según lo establecido por el Derecho Internacional.

En ese sentido, el Ejecutivo subrayó que “en estos momentos de tensión”, este anuncio supone un obstáculo a la creación del clima de confianza necesario para la reanudación de la conversaciones de paz y “pone en cuestión” la viabilidad de los dos Estados.

Por todo ello, España hizo un llamamiento a las autoridades israelíes para que reviertan lo antes posible esta decisión.