Así lo afirmó hoy Múgica, tras presentar en la Comisión Mixta de Relaciones con el Defensor del Pueblo en el Congreso un informe sobre "Agua y ordenación del territorio", que ha realizado a partir de cerca de 300 quejas "individuales y colectivas, procedentes de todo el territorio español".

Según indicó, estas quejas correspondían a "ciudadanos afectados por problemas de suministro y saneamiento, por grupos de regantes acosados por la escasez de agua, por asociaciones ecologistas preocupadas y por habitantes de urbanizaciones ilegales que no disponían del agua imprescindible para llevar una vida digna".

Para Múgica, los grupos políticos han de crear "un gran consenso sobre el tema", porque "el agua es un bien de dominio público y no pertenece al territorio por el que discurre ni a sus habitantes".

Esta institución dice "haber comprobado" que las administraciones "se muestran tolerantes hacia determinadas actividades contaminantes", y propuso incluir la recuperación de los recursos dañados entre los diversos costes de producción.

El estudio también señala que es "imprescindible" asegurar "la coordinación normativa en materia hidrológica y urbanística" en el país.

En este sentido, "desaconseja la práctica" de construir urbanizaciones, campos de golf, invernaderos y de poner en marcha industrias sin que exista de antemano suficiente agua en el territorio sobre el que se asientan esos proyectos".

La senadora "popular" Begoña Contreras aprovechó la Comisión para pedir "un plan hidrológico nacional contra este desaguisado", que abarque cuestiones relativas a la gestión del agua, el urbanismo y el desarrollo económico.

Por su parte, el diputado socialista Miguel Ángel Heredia se mostró a favor de crear "una nueva cultura del territorio" que no someta al agua a "la especulación urbanística", y apostó por "reforzar el papel autonómico en cuencas intrarregionales, sin devaluar ni desvirtuar el papel del Estado".

El estudio del Defensor del Pueblo aborda temas relativos al planeamiento urbanístico (la garantía de recursos hídricos, los riesgos de inundación en zonas urbanizables), el planeamiento hidrológico (sequías prolongadas, aprovechamientos ilegales) y la contaminación de las aguas.