Así se desprende de una encuesta realizada por la Asociación Española de Abastecimientos de Agua y Saneamiento (AEAS) y la Asociación Española de Empresas Gestoras de los Servicios de Agua Urbana (AGA), presentada este miércoles en una rueda de prensa en Madrid.

La encuesta, realizada en 2014 con una muestra de servicios que atienden a una población superior a los 15 millones de personas, indica que alrededor de un 1,2% de la población que reside en España (cerca de 600.000 habitantes) del 90% de los municipios del país abonan menos dinero por el consumo de agua gracias a los llamados mecanismos de acción social.

El presidente de AEAS, Fernando Morcillo, explicó que estos mecanismos son herramientas administrativas que ofrecen “condiciones especiales” a colectivos u hogares en situación de pobreza, desigualdad o exclusión social.

Morcillo señaló que los mecanismos de acción social pueden estar contemplados en la tarifa del agua (24% de los casos), recogidos en las ordenanzas municipales; mediante fondos de solidaridad (17%), de carácter voluntario y que permite la entrada de posibles donantes, o en ambos casos (63%).

En la mayoría de las situaciones, el ayuntamiento y la comunidad autónoma determinan esas bonificaciones, que en el caso de la estructura tarifaria afecta principalmente a la cuota variable y supone un ahorro de menos del 33% en la factura, y en el del fondo de solidaridad se aplica con ayudas en forma de préstamos o aplazamientos e implica una deducción de entre el 33 y el 66% en la factura, que principalmente asume la empresa suministradora del agua.

Morcillo señaló que la crisis económica y el “tradicional interés” del sector del agua en los mecanismos de acción social han llevado a la firma de un convenio entre AEAS, AGA y Ecodes (Fundación Ecología y Desarrollo) para optimizar las ayudas a los usuarios más vulnerables.

Así, el director de Ecodes, Víctor Viñuales, presentó algunas recomendaciones, como dar facilidades de pago a las familias con dificultades, ayudar a la modernización de las instalaciones para facilitar el ahorro y la eficiencia, poner en marcha programas de uso sostenible de agua, financiar proyectos para llevar agua y saneamiento a países pobres, realizar estrategias de eficiencia en el uso del agua y más participación y diálogo con los agentes sociales y los principales “grupos de interés” en materia de agua.

ENTE REGULADOR

Con ello, AEAS y AGA elaboraron el informe ‘Sostenibilidad social en el sector del agua urbana: situación y recomendaciones’, que desgranó el presidente de la Asociación Española de Empresas Gestoras de los Servicios de Agua Urbana, José Carbonell.

Así, las patronales del agua indican que este bien básico es un derecho humano que debe tener un precio asequible (en España se sitúa en torno al 0,9% del gasto familiar y la ONU recomienda que no supere el 3%) y que existe una amplia cobertura de los mecanismos de acción social, los cuales deben homogeneizarse en función de los criterios de renta y del análisis socioeconómico de los municipios.

Por ello, reclaman la creación de un ente regulador que armonice los criterios sobre los cuales los ciudadanos más vulnerables pueden beneficiarse de un ahorro en la factura del agua, que deben recogerse en una guía de buenas prácticas para ayuntamientos y administraciones competentes.

Por último, Morcillo señaló que anualmente se produce en torno a un 0,012% de cortes temporales en el suministro de agua, lo que afecta a unas 2.400 personas, si bien apuntó que todos los sectores implicados deben trabajar para reducir ese porcentaje.