En declaraciones a la Cope recogidas por Servimedia, Fernández sostuvo que esta decisión del Ejecutivo autonómico es una “instrumentalización de la Justicia” y “algo impensable en un Estado de Derecho”.

Además, criticó que esta medida pueda ser consecuencia del pacto de Junts pel Sí y la CUP para investir president a Carles Puigdemont. Según el ministro, esto supondría “poner los tribunales, el cumplimiento de la legalidad, al servicio de intereses políticos” y preguntó a la Generalitat si va a desistir de acusar sólo “cuando los agresores sean de la CUP”.

El responsable de Interior se refirió también al hecho de que la consejera de Presidencia de la Generalitat, Neus Munté, matizara este martes que el Ejecutivo autonómico no se retirará de la causa por el desalojo del centro social de Can Vies, en el barrio de Sants de Barcelona, en mayo de 2014.

“DOS VARAS DE MEDIR”

Este desalojo provocó graves incidentes entre activistas antisistema y los Mossos d’Esquadra, por lo que el anuncio inicial de retirada de esta causa fue criticado por representantes de los agentes autonómicos, como el Sindicato de Policías de Cataluña (SPC).

Fernández Díaz se refirió a estas críticas de los agentes y dijo que están haciendo que la Generalitat esté “reculando”, en el sentido de no retirarse de todas las causas por desórdenes públicos.

Al mismo tiempo, el ministro contrapuso la actuación del Gobierno catalán en estas causas con el hecho de que sus representantes legales pidan 16 años de cárcel para los militantes de extrema derecha que en septiembre de 2013 asaltaron la librearía 'Blanquerna' en Madrid. Según el titular de Interior, esto demuestra que el Gabinete de Puigdemont lo que hace es “medir con dos varas de medir a los que se saltan la ley”.