El informe, titulado ‘Desterrados y desposeídos: desplazamiento forzado y destrucción deliberada en el norte de Iraq’, se basa en una investigación de campo realizada en 13 pueblos y ciudades y en testimonios de más de 100 testigos presenciales y víctimas de desplazamiento forzado.

Según AI, las conclusiones del informe quedan confirmadas por imágenes de satélite, que revelan la "destrucción generalizada" llevada a cabo por fuerzas ‘peshmerga’ (kurdos armados) o, en algunos casos, por milicias ‘yazidíes’ y grupos armados kurdos de Siria y Turquía coordinados con las fuerzas ‘peshmerga’.

“El ejército del Gobierno Regional del Kurdistán parece estar impulsando una campaña para desplazar a la fuerza a las comunidades árabes, destruyendo pueblos enteros en áreas arrebatadas al Estado Islámico en el norte de Irak. El desplazamiento forzado de la población civil y la destrucción deliberada de casas y propiedades sin una justificación militar pueden constituir crímenes de guerra”, afirmó Donatella Rovera, asesora general de Amnistía Internacional sobre respuesta a las crisis, que ha llevado a cabo la investigación sobre el terreno en el norte de Iraq.

Además, Amnistía Internacional señaló que las fuerzas del ejército del Gobierno Regional del Kurdistán también impiden a los residentes árabes que huyeron de sus hogares regresar a las zonas recuperadas.

“Decenas de miles de civiles árabes que se vieron obligados a huir de sus casas a causa de los combates luchan ahora por sobrevivir en campamentos improvisados en condiciones desesperadas. Muchos han perdido sus medios de vida y todas sus pertenencias y, al haber perdido sus casas, no tienen donde regresar. Al impedir que las personas desplazadas regresen a sus pueblos y al destruir sus casas, el ejército del Gobierno Regional del Kurdistán sigue exacerbando su sufrimiento”, sostuvo Rovera.

ABUSOS DE SADAM HUSEIN

El informe revela indicios de desplazamiento forzado y destrucción a gran escala de viviendas en pueblos y ciudades en las gobernaciones de Ninewa, Kirkuk y Diyala, que las fuerzas ‘peshmerga’ recuperaron del Estado Islámico entre septiembre de 2014 y marzo de 2015.

A pesar de que representantes del Gobierno Regional del Kurdistán han justificado el desplazamiento de comunidades árabes aduciendo motivos de seguridad, Amnistía subraya que “parece que se está empleando para castigarlas por su supuesta simpatía hacia el Estado Islámico y para consolidar conquistas territoriales en ‘zonas en disputa’ que las autoridades del Gobierno Regional del Kurdistán hace tiempo que reclaman como legítimamente suyas”.

“Es parte de un intento de revertir abusos cometidos en el pasado por el régimen de Sadam Husein, que desplazó a la fuerza a los kurdos y colonizó la región con población árabe”, añade.

“El ejército del Gobierno Regional del Kurdistán tiene el deber de procesar en juicios con las debidas garantías a las personas sospechosas de haber instigado y secundado crímenes cometidos por el Estado Islámico. Pero no debe castigar a comunidades enteras por crímenes perpetrados por algunos de sus miembros o sobre la base de sospechas vagas, discriminatorias e infundadas de que apoyan al Estado Islámico”, apuntó Rovera.

Esta representante de AI instó al Gobierno Regional del Kurdistán a “detener inmediatamente la destrucción ilegítima de casas y propiedades civiles” y a ofrecer “reparación plena a todos los civiles cuyas casas hayan sido demolidas o saqueadas”, en tanto que “los civiles desplazados a la fuerza deben poder regresar a sus hogares lo antes posible”.

Además, pidió a los ‘peshmerga’ que no permitan a los grupos armados y milicias aliadas en la lucha contra el Estado Islámico que cometan “semejantes abusos”, y a la comunidad internacional, incluida la coalición liderada por Estados Unidos que combate al Daesh, que “condene públicamente” todas las violaciones del derecho internacional humanitario de ese tipo y que cualquier ayuda que brinde al Gobierno Regional del Kurdistán no alimente estos abusos.