Los planes de demarcaciones hidrográficas estatales, es decir, que abarcan más de una comunidad autónoma son los del Cantábrico Occidental, Guadalquivir, Ceuta, Melilla, Segura, Júcar y la parte española del Cantábrico Oriental, Miño-Sil, Duero, Tajo, Guadiana y Ebro. Los planes autonómicos afectan a Andalucía (cuencas mediterráneas andaluzas, Guadalete y Barbate, y Tinto, Odiel y Piedras) y Galicia (Galicia Costa).

La ministra de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, Isabel García Tejerina, explicó en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros que los planes de gestión de riesgos de inundaciones tienen como “objetivo muy claro” reducir los efectos adversos que provocan las crecidas de los ríos, que en ocasiones afectan a las personas, sus propiedades o determinados bienes.

Tejerina indicó que los planes incluyen la variable del cambio climático, es decir, tienen en cuenta los potenciales efectos que el calentamiento global pueden ocasionar en los episodios de inundaciones.

La ministra indicó que estos planes están “plenamente coordinados” con los 16 planes hidrológicos de segundo ciclo (2016-2021) aprobados la semana pasada y contienen más de 1.000 medidas “consensuadas y priorizadas” con las administraciones implicadas. “Persiguen minimizar los efectos negativos de las inundaciones sobre la vida de las personas, sus bienes y las actividades económicas, y también paliar los efectos sobre el medio ambiente”, reiteró.

Los planes incluyen cuatro grandes grupos de medidas. Así, en cuanto a la prevención están diseñadas “para anticiparse” a las inundaciones (programas de conservación y mantenimiento de cauces y estudios sobre los efectos del cambio climático en el riesgo de avenidas hídricas).

También abarcan medidas de protección (proyectos de restauración fluvial, actuaciones coordinadas con la gestión de los embalses o infraestructuras de defensa), preparación (mejora de los sistemas de alerta meteorológica e hidrológica, el refuerzo de los protocolos de comunicación entre las administraciones públicas y una actuación coordinada entre la Unidad Militar de Emergencias y las confederaciones hidrográficas) y recuperación (a desarrollar después de un episodio de inundación”.

Tejerina indicó que los planes aprobados están dotados con 800 millones de euros (700 para los estatales y 100 para los autonómicos), partida que se extrae de los 17.500 millones anunciados la semana pasada cuando el Gobierno dio luz verde a 16 planes hidrológicos.

Por último, Tejerina recalcó que, con ello, “se culmina un importantísimo trabajo desarrollado en los últimos cuatro años” y se pone en marcha “un marco imprescindible para la gestión del agua hasta el año 2021” con el fin de responder a las demandas de los usuarios y paliar los efectos de las inundaciones.