La proposición precisa en este sentido que las personas con capacidad intelectual límite reconocida deberían beneficiarse, por ejemplo, de las bonificaciones o exenciones establecidas con carácter general en lo referido al acceso y mantenimiento del empleo para los ciudadanos con problemas físicos, psíquicos o sensoriales, aunque no alcancen un grado de discapacidad del 33 por ciento.

Y es que, explican los populares en su propuesta, los ciudadanos con inteligencia límite no suelen entrar dentro de la consideración jurídica de persona con discapacidad, al no ser frecuente que alcancen un grado del 33% en la valoración y evaluación de la discapacidad que realizan los órganos competentes.

Sin embargo, continúa el texto, estas personas sí necesitan ayuda en diversos ámbitos de la vida, ya que presentan ciertas limitaciones en su funcionamiento mental y en el uso de habilidades tales como comunicación, cuidado personal y destrezas sociales.

Estas limitaciones provocan que el niño aprenda y se desarrolle más lentamente, por lo que pueden necesitar más tiempo para aprender ciertos contenidos escolares, así como a hablar, caminar o a vestirse.