“Solicitamos un nuevo examen con todas las garantías y con presencia en el tribunal examinador de representación social de la empresa, como ha sucedido siempre", manifestó.

Agregó que "estamos convencidos de que resultará más eficaz y seguramente más barato” y criticó que el examen fue realizado por una empresa privada que facturará 300.000 euros por ese trabajo.

Tras lamentar la “actitud” del Gobierno presidido por Cristina Cifuentes en este caso, afirmó que el Ejecutivo “manifiesta que hay intención de boicotear unas pruebas importantes para los servicios públicos, en lugar de reconocer su negligencia, reparar la situación y tranquilizar a los afectados”.

Ante ello, pidió “respeto para las cerca de 11.000 personas afectadas, que se les escuche y se les proponga repetir el proceso con escrupuloso acatamiento de los derechos de los examinados” y opinó que “la urgencia del caso -se necesitan conductores de Metro para mejorar el servicio- no puede ser excusa para que el proceso no sea justo ni limpio”. ”Hay tiempo, siempre hay tiempo, para hacer las cosas bien”, añadió.

Los examinados accedían a ocupar 360 plazas para conductores de Metro de Madrid, 180 de ellas fijas y otras 180 temporales.