Según la legislación vigente en España, explica la federación, una persona con discapacidad intelectual importante debería estar incapacitada jurídicamente, una realidad que entra en conflicto con la Convención Internacional de los Derechos de las Personas con Discapacidad, en vigor desde 2008.

Esta convención, prosigue Down España, considera la autonomía un derecho básico y obliga a garantizar los apoyos necesarios para que las personas con discapacidad puedan ejercerla.

"Las personas con discapacidad", reconoce la Convención en su artículo 12, "tienen capacidad jurídica en igualdad de condiciones con las demás en todos los aspectos de la vida", y añade que es facultad del Estado tomar "las medidas pertinentes" para garantizar cualquier "apoyo que pueda necesitar en el ejercicio de su capacidad jurídica".

Atendiendo a este nuevo marco, Down España ha recomendado a las familias de sus 82 asociaciones federadas que no incapaciten jurídicamente a las personas con discapacidad intelectual, pues esto entraría en conflicto con los dictados de la convención y con la futura legislación española, que debe adaptarse al tratado internacional.

Down España, finaliza la entidad, apuesta por la eliminación de toda tutela y patria potestad respecto a las personas con síndrome de down y trabaja para que este colectivo viva de forma autónoma e independiente con los apoyos que sean necesarios en cada etapa de la vida.