A través de un comunicado de respuesta al acuerdo entre Junts pel Sí y la CUP para iniciar la legislatura, el Gobierno español recordó a los partidos independentistas que "todos estamos sometidos al imperio de la Ley y más aún aquellos a quienes se les encomienda la representación de las instituciones", puesto que las catalanas también "encuentran su legitimidad en la Constitución".

"No hay mayoría parlamentaria que pueda amparar o justificar actos ilegales o, menos aún, la pretensión de romper la soberanía nacional expresada en la Constitución", advirtió el Ejecutivo, garantizando "que la Ley se respetará y que todas las instituciones cumplirán con su deber, como han venido haciendo hasta ahora, en defensa de la soberanía nacional y de los derechos y libertades de todos los españoles, también de los que viven en Cataluña".

En este sentido, subrayó que el Tribunal Constitucional ya declaró nula la resolución de inicio del proceso de separación que aprobaron Junts pel Sí y la CUP en el Parlamento catalán, por lo que pidió "responsabilidad" a los dirigentes catalanes para que solucionen "los problemas de los ciudadanos problemas de los ciudadanos en vez de generar nuevas tensiones".

Finalmente, en su último párrafo, el Ejecutivo añade algo que hasta ahora no había incluido en sus reacciones a los pasos del proceso soberanista catalán. En concreto, quiso "trasladar a las distintas fuerzas políticas la necesidad de que el próximo Gobierno de España cuente con una amplia base parlamentaria que

garantice la estabilidad y la capacidad para defender con solvencia y eficacia el derecho de todos los españoles a decidir sobre su país, y hacer frente al desafío independentista".