Por ello, los técnicos tachan este nuevo plan de “pequeño paso adelante” porque el Gobierno exigirá a Hacienda un aumento trienal de un 6% en los objetivos de recaudación por fraude, el doble del objetivo del 3% que este organismo se había fijado inicialmente, consciente de que es necesario mejorar la actual tasa de cobro del 13% de las deudas liquidadas en la lucha contra el fraude.

Para este colectivo, “el Gobierno no ha aprobado medidas realmente eficaces que terminen con la consideración de España como "balneario fiscal" “, ocupando el segundo lugar del ranking de economías sumergidas de Europa, por detrás de Grecia.

Según Gestha, en los últimos cinco años, la Agencia Tributaria recaudó sólo 35.000 millones de euros provenientes de la economía sumergida por actuaciones directas e indirectas, lo que supone que el 92% del fraude escapa del control del Fisco.

Detallaron además que la intención de aumentar los ingresos derivados de la lucha contra el fraude en 1.000 millones en estos tres próximos años es "muy poco ambicioso", frente al objetivo de los técnicos de recaudar 6.500 millones adicionales solo en este año 2010, siempre y cuando se les autorice a extender sus investigaciones a las grandes empresas más allá de pymes y autónomos.

De hecho, aseguran que con un plan eficaz de lucha contra el fraude se podría reducir en diez puntos porcentuales las bolsas de fraude y la economía sumergida en España, actualmente estimada en el 23,3% del PIB, situándola en la media de la Unión Europea. De este modo, a medio plazo la Agencia Tributaria podría ingresar adicionalmente unos 38.500 millones de euros evadidos cada año, que equilibrarían las cuentas públicas y evitarían la alternativa de subir impuestos o alargar la edad de jubilación.

Del conjunto de medidas aprobadas hoy, los técnicos de Hacienda destacan, por encima de todas, la colaboración efectiva entre la Agencia Tributaria y la Tesorería General de la Seguridad Social e Inspección de Trabajo, así como la creación de bases de datos compartidas entre los distintos organismos, ya que permitirá obtener mayor rendimiento de esta información y realizar acciones de control conjuntas.

Por el contrario, este colectivo estima que las medidas adoptadas en materia de coordinación administrativa son todavía "poco ambiciosas" ya que el Estado, comunidades autónomas y ayuntamientos deberían compartir su información tributaria, así como llegar a acuerdos de colaboración entre las distintas agencias estatal, autonómicas y locales, estableciendo el consorcio del IRPF en este año 2010.

Con respecto a la puesta en marcha de un foro con las grandes empresas para resolver dudas interpretativas, Gestha considera que no va a reducir la economía sumergida, aunque reconoce que es un buen instrumento para reducir la elevada litigiosidad.