El reglamento prevé que los abogados del Estado se organicen por materias jurídicas, favoreciendo de este modo la continuidad en la actuación del proceso, el contacto con el organismo representado y defendido, y la mayor integración entre la función contenciosa y consultiva.

Para ello, a partir de ahora el servicio jurídico se organizará por “departamentos”. Éstos se configuran como un instrumento que permitirá flexibilizar la asignación de recursos humanos y operará paralelamente en las subdirecciones y demás unidades previstas en el reglamento, lo que supone una mera reordenación de efectivos a través de la modificación de la Relación de Puestos de Trabajo (RPT), sin incremento alguno de gasto.

Asimismo, se introducen diversas adaptaciones en la estructura de la propia Abogacía General del Estado, siempre sin incremento de gasto. Por un lado, la Abogacía del Estado ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos y la Abogacía del Estado ante el Tribunal Constitucional se unen para conformar la Subdirección General de Constitucional y Derechos Humanos con la finalidad de reforzar la unidad de actuación en los debates en materia de derecho constitucional y derechos humanos en los foros internos e internacionales.

Además, la preexistente Subdirección de Asistencia Jurídica Comunitaria e Internacional pasa a denominarse “Subdirección General de Asuntos de la Unión Europea e Internacionales” adaptando sus funciones y estructura a las necesidades derivadas de la entrada en vigor del Tratado de Lisboa.

También se refuerzan las funciones de la Auditoría e Inspección de los Servicios, configurando la Subdirección General de Coordinación y Auditoría, y las funciones de la Abogacía del Estado en el Ministerio de Justicia pasarán a depender de la Subdirección denominada Gabinete de Estudios.