Ante la analista legal de esta organización Enira Bronitskaya, integrante de la misión de la OSCE para el seguimiento de las elecciones generales españolas del 20 de diciembre, que ha visitado la sede del Cermi, la plataforma representativa de la discapacidad organizada ha enumerado las exclusiones, discriminaciones y ausencias de igualdad de oportunidades más notables respecto de las personas con discapacidad de las que aún adolece el sistema electoral en España.

Así, el Cermi ha denunciado como “exclusión más grave, claramente contraria a los derechos humanos y a la Convención de la ONU ratificada por España, la privación del derecho de sufragio que sufren más de 80.000 personas que en virtud de sentencia judicial de incapacitación civil se han visto despojadas de este derecho”. En este punto, destacó la “inactividad” del Gobierno y de las fuerzas políticas que no han modificado la Ley Electoral española para impedir esta vulneración, pese a las insistentes demandas del movimiento social de la discapacidad.

La entidad también ha mostrado y documentado las dificultades que aún tienen muchas personas con discapacidad en España para ser miembros de mesas electorales, aunque nominalmente disfruten de ese derecho, ante la negativa de la Administración electoral a proporcionarles o reconocerles apoyos o asistencias, tanto humanas como técnicas, para desarrollar esta función, según explica la esta organización.

Otro de los aspectos expuestos por el Cermi a la OSCE es la no garantía del secreto del voto para personas ciegas y con discapacidad visual en las elecciones locales, en las que no está admitido el llamado “voto braille”, como sí ocurre en las elecciones generales, autonómicas y europeas. Asimismo, ha lamentado “la discriminación por ausencia de accesibilidad del proceso electoral, tanto de los colegios como de la campaña y los canales de información y difusión”.

Finalmente, el Cermi ha mostrado su preocupación por la “escasa” presencia de personas con discapacidad en las candidaturas de los partidos políticos, para lo cual ha comunicado a la OSCE la necesidad de regular legalmente las medidas de acción positiva que permitan que esta parte de la ciudadanía participe efectivamente en la actividad política.