Las personas empleadas en ellas fueron 5.371 (239 más que en 1991), de los que 4.541 lo hicieron como socios trabajadores y 830 como socios capitalistas. De ellos, 4.125 eran varones y 1.246 mujeres.

Por sectores, la mayor parte de las nuevas empresas de trabajadores se pusieron en marcha en los servicios, un total de 393 con 1.605 empleados.

En la industria iniciaron su actividad otras 289, con 3.160 empleados; en la construcción, 88 sociedades con 513 empleados; y en la agricultura, 11 empresas con 93 trabajadores.

La comunidad en que un mayor número de personas consiguieron una ocupación por medio de estas empresas fue el País Vasco, en donde se crearon 924 empleos, por delante de la Comundad Valenciana, con 782; Cataluña, con 744; y Madrid, con 653.

A continuación figuran Andalucía (486), Castilla La Mancha (347), Aragón (220), Extremadura (219), Murcia (194), Castilla y León (181), Navarra (171), Asturias (139), Galicia (92), Canarias (89), Cantabria (62), La Rioja (40), Baleares (24) y Ceuta y Melilla (4).

Desde la Administración Central, las ayudas a la constitución de sociedades anónimas laborales, así como a las cooperativas, son canalizadas a través del Instituto Nacional d Fomento de la Economía Social, que en 1993 tendrá un presupuesto de 2.620 millones de pesetas, un 0,54 por cien menos que en 1992.

El presupuesto del instituto prevé, entre otras ayudas, 415,8 millones de pesetas para posibilitar la incorporación de desempleados como socios trabajadores a cooperativas y sociedades anónimas laborales.

La ayuda consiste en el pago de una subvenciónde 500.000 pesetas a la empresa contratante. Hasta 1992, su importe solía ser de 250.000 pesetas y beneficiaba únicamete a las cooperativas, pero no a las sociedades anónimas laborales.