Por este motivo, Industria se ha puesto ya en contacto con la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) y cuenta ya con propuestas normativas “importantes” para evitar este tipo de fraudes, según informaron fuentes ministeriales.

Entre otras, baraja opciones como la de establecer una frontera para delimitar la actuación administrativa y penal, así como hallar fórmulas para poder presentar pruebas de este tipo de fraudes en los tribunales.

A pesar de que con los contadores inteligentes “hay algunos problemas que se han eliminado”, el departamento de José Manuel Soria ha detectado en los últimos meses un “cierto incremento del fraude”. Por ejemplo, se ha registrado un aumento de dos puntos de pérdidas de energía en las redes que “no tienen explicación”.

En el repunte del fraude se está dando un mayor número de nuevas comercializadoras creada que empiezan a vender electricidad y “antes de pagar su parte de IVA, cierran tras cobrar el IVA a los consumidores”.

Para este tipo de fraude, Industria trabaja ya en medidas para acabar con esta práctica y simultáneamente no crear una barrera de creación artificial ya que “interesa que haya competencia”.

De esta forma, Industria estudia alternativas para establecer la frontera de tomar medidas para combatir el fraude y que a la vez éstas “no violen derechos fundamentales del ciudadano”, algo que actualmente es “muy complicado”.

“Hay que ver hasta dónde podemos dar determinado poder o acciones a determinada gente sin que esto suponga que se pueda realizar una intromisión excesiva en la vida de los ciudadanos”, explicaron.

Por su parte, las distribuidoras argumentan que su principal problema a hora de combatir el fraude es el medio de prueba.