El anuncio lo realizó la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, en rueda de prensa tras el último Consejo de ministros antes de las elecciones generales.

Según explicó, se trata de “un importante paquete de ayudas de casi 800 millones de euros para I+D+i” destinado a fomentar proyectos de investigación, reforzar equipamientos e infraestructuras e impulsar la presencia de España en organismos internacionales.

El grueso de la inversión corresponde a la convocatoria 2016 del programa “Retos-Colaboración, que recibirá 586 millones de euros. De estos, 100 millones serán subvenciones directas, y el resto se concederán en créditos a un tipo de interés igual al del euríbor, con 10 años de amortización incluidos tres de carencia.

El programa está cofinanciado por los fondos Europeos de Desarrollo Regional (Feder), y se encuadra dentro del Plan Estatal de Investigación Científica y Técnica y de Innovación 2013-2016.

Busca potenciar la colaboración entre empresas y organismos públicos (OPIS, universidades, centros tecnológicos, etc.), a fin de promover el desarrollo de nuevas tecnologías, impulsar la innovación empresarial y contribuir a la creación de nuevos productos y servicios.

Según la vicepresidenta, estas ayudas aumentan “la eficiencia del sistema de I+D+i”, pues fomentan la creación de empresas innovadoras, movilizan la inversión privada, generan empleo y mejoran la balanza tecnológica de España.

Como novedad, las pymes de las comunidades autónomas de Andalucía, Canarias, Castilla–La Mancha, Ceuta, Extremadura, Galicia, Melilla, Asturias y Murcia podrán recibir subvenciones para financiar sus actuaciones de 2016.

MÁS FONDOS

El Gobierno aprobó también 150 millones de euros para infraestructuras científico-técnicas y equipamientos, de las que 66 millones se concederán en subvenciones y 84 en forma de préstamos (también anticipos reembolsables cofinanciados por la Unión Europea a través del Feder).

Estas ayudas pertenecen al Subprograma Estatal de Infraestructuras Científicas, Técnicas y Equipamiento del Plan Estatal de I+D+i y están dirigidas a organismos públicos de investigación, universidades públicas e institutos universitarios y otros centros de I+D vinculados a la Administración General del Estado, administraciones públicas territoriales y a sus organismos.

Dichas infraestructuras están abiertas a todos los agentes del sistema de I+D español (públicos y privados), con lo que, para la vicepresidenta, esta inversión “proporciona unas prestaciones de mayor calidad a todo el sistema”.

Finalmente, el Consejo de Ministros autorizó el desembolso de casi 64 millones de euros para la participación de investigadores y empresas nacionales en tres importantes consorcios internacionales.

El primero contempla 34 millones de euros durante cuatro años para el consorcio Barcelona Supercomputing Center (Centro Nacional de Supercomputación de Barcelona), destinados a la adquisición del supercomputador Marenostrum 4.

Asimismo, España invertirá 9,6 millones de euros en el programa de colaboración Broader Aproach (fruto del convenio entre Japón y la Unión europea ) para el desarrollo de la tecnología de fusión, y otros 20 millones de euros en cuatro años En el Instituto vasco Laue-Langevin, a fin de permitir la participación de científicos nacionales en investigaciones sobre técnicas con neutrones.