En esta segunda ronda de reuniones bilaterales entre partidos y Gobierno, ha quedado claro que el Ejecutivo "se niega a subir impuestos a los ricos para crear empleo, a plantear ayudas a las pymes y a hacer una política de inversiones que sirva de locomotora a la Economía".

Según explicó Lara en la rueda de prensa posterior a su reunión con la comisión ministerial, el Gobierno rechaza de plano subir impuestos directos. IU considera que hay margen para una "reforma fiscal progresiva" puesto que la presión impositiva en España es del 30 por ciento, 7 puntos por debajo de la media europea.

IU es crítica con los planes del Ejecutivo de restrigir el empleo público por la vía de no sustituir más que a un funcionario de cada 10 que se jubilen.

Estas diferencias evidencian, a juicio de Lara, que "no hay voluntad del Gobierno de un acuerdo global" sobre las 100 medidas presentadas por la coalición de izquierda.

En cambio, sí que ha habido un acercamiento sobre "cuatro o cinco propuestas puntuales" que se seguirán "discutiendo" la próxima semana.

Tras reivindicar la "paternidad" de la iniciativa de reducir el IVA a las obras de rehabilitación, Lara defendió la implantación de una "subvención directa del 25 por ciento del coste" de esas obras.

Según IU, esta medida crearía alrededor de 700.000 puestos de trabajo y la actividad empresarial permitiría una "reversión de recursos a las administraciones por la vía de impuestos". Lara aseguró que Salgado se ha comprometido a revisar esta propuesta.

El Gobierno también ha aceptado replantearse los módulos de vivienda de protección oficial, que IU considera "excesivos" por haberse visto arrastrados en los últimos años por "la política especulativa del mercado libre de vivienda".

Cayo Lara propuso al Ejecutivo incluir a las cajas de ahorro en los planes para facilitar la financiación a las pymes y los autónomos, que ahora está prevista sólo a través del ICO. La vicepresidenta ha dejado "la puerta abierta" a esta propuesta.

Finalmente, el Gobierno también se ha comprometido a plantear limitaciones a las retribuciones de directivos bancarios, tal y como se está haciendo en la Unión Europea, y a impulsar una política activa de lucha contra el fraude y contra la economía sumergida, estrategia que comparte IU.