El vigente convenio entre los dos países fue firmado el 15 de noviembre de 1967 y ambos constataron la conveniencia de revisarlo íntegramente. El nuevo convenio, según el Gobierno, busca posibilitar un tratamiento tributario adecuado a las circunstancias de los contribuyentes que desarrollen actividades económicas en el ámbito internacional y proporcionar un marco actualizado de seguridad jurídica y fiscal para los contribuyentes afectados.

También se quiere favorecer los intercambios económicos entre los dos países y facilitar la cooperación entre las respectivas autoridades fiscales en el desempeño de sus funciones.

Con ese objeto, el nuevo acuerdo establece los criterios relativos a la imposición sobre las rentas inmobiliarias, beneficios empresariales, transporte marítimo y aéreo, empresas asociadas, dividendos, intereses, cánones, ganancias de capital, rentas del trabajo, remuneraciones de consejeros, rentas de artistas y deportistas, pensiones, anualidades y pagos análogos, función pública, estudiantes y otras rentas.

El texto incluye, asimismo, entre otras, las disposiciones relativas a los métodos para eliminar la doble imposición y al intercambio de información entre las autoridades competentes.