En declaraciones a Servimedia, Martínez-Almeida dijo que “se plantean determinadas dudas de cómo se va a articular esa medida, en el sentido de en qué ámbitos se va a desarrollar, qué exigencias y consecuencias va a tener para las empresas, para los centros escolares o para las asociaciones que trabajan con la infancia”.

Asimismo, manifestó que el registro de delincuentes sexuales, que tiene como objetivo evitar que los condenados por delitos contra la libertad e identidad sexual participen en actividades con menores, “mejora muy sensiblemente la protección de los niños” aunque el planteamiento propuesto este viernes por el Gobierno es “un poco génerico” y contiene “lagunas y cierta ambigüedad”.

“No se ha aclarado qué pasa con la caducidad de los antecedentes penales, es decir, cuánto va a durar la inscripción de condenados en el registro, si va a ser ‘ad aeternum’, o si cuando se produzca la caducidad de los antecedentes se va a producir automáticamente la cancelación en la lista”, añadió. Según datos facilitados por el Ministerio de Justicia, en España hay más de 43.000 delincuentes sexuales.

OFICINAS DE VÍCTIMAS

El presidente de la Plataforma de Infancia, entidad que agrupa a más de 50 ONG que trabajan a favor de los derechos de los menores en España, también se refirió a la normativa aprobada este viernes por el Consejo de Ministros sobre las Oficinas de Atención a las Víctimas, para lo que reclamó “protocolos claros de actuación” y que estén gestionadas “por profesionales acreditados”.

Finalmente, Martínez-Almeida aplaudió la labor legislativa del Gobierno con las Ley de Infancia y Adolescencia, que ha implicado el trabajo de varios ministerios y ha modificado 20 leyes, y que “viene de unos intentos anteriores” que “no fructificaron”.