La fragilidad es actualmente un importante reto de salud pública, tanto en España como en la UE, relacionado con el acelerado envejecimiento de la población. El reto es mantener la autonomía a medida que se envejece y el abordaje de la fragilidad se sitúa como una de los elementos fundamentales para afrontarlo, ya que supone un estado previo a la discapacidad que se puede prevenir, e incluso revertir si se detecta a tiempo. Se estima que entre un siete y un 12% de los mayores de 65 años están en una situación de fragilidad que les hace más vulnerables a sufrir accidentes. Una situación que es más frecuente en las mujeres y que aumenta con la edad.

Un 30% de los mayores de 65 años y un 50% de los mayores de 80 sufren caídas al menos una vez al año, lo que supone una importante causa de discapacidad, pues más del 70% de los casos tiene consecuencias clínicas, como fracturas de cadera. l objetivo del documento de consenso aprobado en 2014 es detectar e intervenir sobre estos accidentes con un protocolo que incluya un cribado de deterioro funcional común para toda España.

La Acción Conjunta sobre Prevención de fragilidad se enmarca dentro del Tercer Programa Europeo de Acción en Salud 2014-2020. Es una iniciativa dotada con un presupuesto de la Unión Europea de 3,5 millones de euros, que se desarrollará entre los años 2016 y 2017.

En ella participan, además de España, 25 países europeos: Alemania, Austria, Bélgica, Bulgaria, Croacia, Chipre, Dinamarca, Eslovaquia, Eslovenia, Finlandia, Francia, Grecia, Holanda, Hungría, Italia, Irlanda, Lituania, Malta, Noruega, Polonia, Portugal, Reino Unido, República Checa, Rumanía y Suecia.