El texto ha sido entregado este lunes al Ministerio de Educación, que ahora lo distribuirá entre los distintos actores de la comunidad educativa para que lo analicen y realicen las aportaciones que consideren oportunas.

Tanto el Ministerio como el propio Marina sostienen que este trabajo es “un borrador” con una serie de propuestas, para a partir de ellas empezar a debatir y sentar las bases de un futuro Estatuto de la Función Pública docente.

Al llegar al cargo, el nuevo ministro de Educación, Íñigo Méndez de Vigo, se comprometió a tener listo un documento de estas características antes de que concluyera la legislatura.

Según el trabajo de Marina, “la situación de interinidad es mala no sólo para el desarrollo personal y profesional de quienes la padecen, sino también para la calidad del sistema, ya que no pueden integrarse debidamente en los proyectos de Centro en los que sin embargo trabajan”.

Por ello, propone limitar su número al “estrictamente necesario para asegurar el funcionamiento del sistema educativo".

Junto a Marina, han participado en la elaboración del borrador Carmen Pellicer y Jesús Manso.

Contiene 20 propuestas, y defiende hacer del centro educativo el eje del sistema de aprendizaje, pues es el centro en su conjunto y no un profesor aislado el que mejor puede incidir en el entorno de los escolares para corregir “desigualdades” de partida.

De hecho, este texto pide dotar de mayores atribuciones a los equipos directivos y reforzar la figura del director, concediéndoles mayor autonomía.

Entre otras funciones, los equipos directivos tendrían, según Marina y sus colaboradores, la capacidad de diseñar proyectos educativos y de detallar las características de las plazas docentes.

Esto supone que en cierto modo podrían imponer criterios para la obtención de un empleo docente, lo cual iría en contra “del exceso de inmovilidad que la condición de funcionario permite”.

En opinión de los autores, se debería “pensar rigurosamente” sobre este sistema, pues "no podemos pedir a los centros que diseñen sus proyectos educativos y no prever qué hacer si alguien opone una resistencia a ultranza”.

En estos casos, cuando se produzca un choque de “intereses legítimos", el texto propone que sea “el bien superior de los alumnos y su progreso educativo el criterio último que rija toda la normativa del sistema escolar”.