En un encuentro informativo organizado por Nueva Economía Fórum, declaró que “lo hemos hecho cuando hemos podido”, pues ha sido “complicado”.

“No busquen otros motivos” en su creación, y rechazó que se “haya dejado esta para los últimos minutos (de la legislatura) y que responda a intereses distintos de los de la ciencia española”.

Vela recordó que este organismo “es una antigua demanda de la comunidad científica y un mandato de la ley de la Ciencia”, que preveía su aprobación para el 1 de julio de 2012.

Por eso, la luz verde al Real Decreto de creación hace una semana en Consejo de Ministros “es una buena noticia”, dijo Vela, quien no cree que un posible cambio electoral retrase su puesta en marcha.

“Por muchas declaraciones que se hagan, no creo que haya cambios sustanciales, pues la comunidad científica no lo entendería”, puntualizó en referencia a las críticas por parte de otras formaciones políticas.

Ahora bien, “todas las posibles mejoras serán bienvenidas”.

Según explicó, “la agencia lo que va a hacer es gestionar de otra manera, con más flexibilidad, autonomía y agilidad”, y “si esto es difícil en tiempos normales, en tiempos donde la prioridad es la consolidación parecía casi imposible”.

Permitirá planificar y programar convocatorias y proyectos a medio plazo con más independencia de los ejercicios presupuestarios, que son anuales, de modo que lo que no se ejecute en un ejercicio natural pueda permanecer en la agencia como remanente, sin tener que devolverlo al tesoro “como hasta ahora”.

Gracias a ello, “las convocatorias y proyectos tendrán una mayor estabilidad, y nuestros investigadores sabrán a qué atenerse”, subrayó Vela.

La Agencia “nace a coste 0”, pues se crea con los recursos humanos y materiales de la Secretaría de Estado de I+D

Incorporará alrededor de 300 personas de dicho departamento, y gestionará el 75% de su presupuesto -sin contar ni el de los organismos públicos de investigación (OPI) ni el del Centro de Desarrollo Tecnológico Industrial (CDTI)-.

Por último, Vela rechazó que la celebración de elecciones retrase su puesta en marcha, puesto que el Real Decreto contempla un plazo de 60 días para la creación del consejo rector y ya se ha diseñado un plan Inicial de Actuaciones para gestionar la transición.