Según informó hoy, víspera del Día Internacional de las Personas con Discapacidad, la Comisión en un comunicado, los productos y servicios se han seleccionado “cuidadosamente” con los ciudadanos, las organizaciones de la sociedad civil y las empresas.

Entre ellos se incluyen los cajeros automáticos y servicios bancarios, los ordenadores personales, los teléfonos y equipos de televisión, los servicios de telefonía y audiovisuales, el transporte, los libros electrónicos y el comercio electrónico.

La directiva propuesta pretende mejorar el funcionamiento del mercado interior, facilitando a las empresas que proporcionen productos y servicios accesibles a través de las fronteras.

También se aplicarán requisitos comunes de accesibilidad en las normas de contratación de la UE y en la utilización de los fondos europeos.

La iniciativa, cree la Comisión Europea, estimulará la innovación e incrementará la oferta de productos y servicios accesibles para las personas con discapacidad (alrededor de ochenta millones) que viven en la UE.

Además, apunta, la ley europea de accesibilidad hará que sea más fácil para los fabricantes y los proveedores de servicios exportar productos y servicios que cumplan los requisitos de la UE, ya que no tendrán necesidad de adaptarse a normas nacionales divergentes. En particular, esto ayudará a las pequeñas empresas a aprovechar al máximo el mercado de la UE.

Y el resultado será, añade, que las personas con discapacidad se beneficiarán de una mayor oferta de productos y servicios accesibles a precios más competitivos.

Además, esta mejora de la oferta también puede beneficiar a los ciudadanos de más edad con necesidades de accesibilidad similares, así como a otras personas que experimenten dificultades debido a un accidente, una enfermedad pasajera o un entorno desfavorable, por ejemplo, con poca luz o ruido fuerte.

Eso sí, tranquiliza la Comisión Europea al sector, “se ha puesto especial atención en garantizar la proporcionalidad de los requisitos, en particular para las pequeñas empresas y microempresas”, ya que hay cláusulas de salvaguardia para que los requisitos de accesibilidad no impongan una carga excesiva y las medidas de cumplimiento para las microempresas son menos rigurosas.

No obstante, agrega, “la experiencia muestra que, en la mayoría de los casos, es rentable económicamente suministrar productos accesibles, en particular, cuando la accesibilidad se prevé en la fase de diseño”.

“La discapacidad no debe ser una barrera para la plena participación en la sociedad, del mismo modo que el comercio transfronterizo de productos y servicios accesibles no debe verse entorpecido por la ausencia de una normativa común de la UE”, afirma Marianne Thyssen, comisaria de Empleo, Asuntos Sociales, Capacidades y Movilidad Laboral.