En un comunicado, este sindicato, mayoritario en la escuela concertada, tachó la norma de “discriminatoria” e instó a las patronales y otras entidades representativas del sector a manifestarse en contra.

Razonó que si los docentes de centros concertados y privados han recibido la misma formación y asumen las mismas responsabilidades de enseñar y evaluar a los alumnos, no se entiende por qué se les excluye de este trabajo.

Para FSIE, el trato regulatorio que el Gobierno presta a los docentes de la concertada y privada “resulta indignante” y “es un ataque contra el sector”.