En un estudio difundido este lunes, Fedea explica que la modalidad de colaboración público-privada, que ha permitido la construcción de una red de autopistas de “alta calidad”, no ha evitado ni el exceso de capacidad ni el recurso frecuente a la renegociación de los contratos, con las consiguientes modificaciones de precios y plazos iniciales y el recurso a las ayudas públicas.

El informe identifica los principios generales que deben guiar el diseño de una Ley de Concesiones de Infraestructuras en materia de gobernanza y asignación de riesgos entre las partes, así como los mecanismos de renegociación y resolución de conflictos y los mejores métodos de adjudicación para asegurar la “transparencia y la competencia” en el proceso de licitación.

Así, por ejemplo, para la asignación de riesgos de construcción y mantenimiento, expropiación de terrenos y demanda, se propone una serie de cambios normativos que evitarían “situaciones problemáticas y conflictos que ahora resultan muy comunes”.

Entre estas propuestas destaca la introducción de concesiones de plazo variable. El Valor Presente de los Ingresos (VPI) es el mecanismo apropiado para aquellas concesiones que generan la mayor parte de sus ingresos mediante pagos de usuarios y que no compiten por la demanda.

El VPI corresponde a los ingresos acumulados por peajes de la concesión, descontados a una tasa de interés predeterminada por la Administración. En esta modalidad, la concesión se adjudicaría a aquella empresa que, habiendo sobrepasado con su oferta los estándares mínimos de calidad, solicite el mínimo VPI.

El adjudicatario recibe los ingresos de la concesión hasta que el valor descontado de los mismos alcance el valor solicitado en la licitación o se alcance la duración legal máxima de una concesión, ya que la Ley establece el plazo máximo que puede tener una concesión, independientemente del tipo de contrato, sea éste de plazo fijo o variable.

Desde Fedea subrayaron que las ventajas de este sistema de licitación son, entre otras, que anula o reduce el riesgo de demanda, una de las causas de los problemas en las radiales de Madrid; determina un valor justo para el rescate de la concesión en caso de ser necesaria y en el caso de las concesiones urbanas o suburbanas que se congestionan es posible adaptar los peajes al tráfico sin afectar la rentabilidad para el concesionario.

También se analiza en el documento el problema de las renegociaciones y sus consecuencias sobre la competitividad del sistema concesional y su efecto “perverso” sobre el objetivo de elegir al concesionario más eficiente.

La probabilidad de que el contrato concesional tenga que ser renegociado depende del sistema de licitación. El cambio a un sistema concesional con plazo variable evita muchos de los problemas actuales, “mejorando sustancialmente la relación de la Administración con las empresas y reduciendo los costes del sistema en beneficio de usuarios y contribuyentes”, indican los autores del estudio.