Entre las medidas aprobadas se encuentra permitir el pago mediante tarjeta de crédito o débito de deudas cuya gestión tenga atribuida la Agencia Tributaria en condiciones de comercio electrónico.

Relacionado también con la Agencia Tributaria, se potenciará el ‘Sistema Verifica’, ya implantado, que supone el impulso y agilización del control de las solicitudes de devolución del IRPF mediante un sistema on-line.

Además, se impulsará el libro de registro a través de la sede electrónica de la Agencia para los sujetos pasivos del IVA.

Otra iniciativa que tienen como objetivo simplificar trámites para los ciudadanos es, por ejemplo, la puesta a disposición de los ciudadanos de aplicaciones móviles para la búsqueda de información sobre empleo público y becas (SEAP).

Se recoge también la puesta en marcha de una carpeta ciudadana en el Punto de Acceso General como área privada de los ciudadanos para consultar el estado de sus expedientes y acceder a información personalizada en sus relaciones con la administración pública.

Por otra parte, se unificará en una sola instancia de las solicitudes de subvención de personas mayores con discapacidad y dependientes, evitando que el ciudadano solicite por más de un cauce la solicitud que precisa.

Desde el Ejecutivo subrayaron que la reducción de cargas administrativas es uno de los “pilares básicos” de su política regulatoria y recordaron que, en este contexto, se han tramitado convenios con las organizaciones empresariales y sociales más representativas, como CEOE-Cepyme, Cámara de Comercio de España, Consejo General de Colegios Oficiales de Gestores Administrativos de España, Federación Nacional de Asociaciones de Empresarios y Trabajadores Autónomos (ATA) o el Comité Español de Representantes de personas con discapacidad (Cermi).

Asimismo, los ministerios deben identificar anualmente los procedimientos a revisar en un Plan de simplificación administrativa y de reducción de cargas.