Según recoge en su programa, el partido morado manifiesta que incluirá en un plan de ayudas los proyectos cooperativos que cumplan con los requisitos de igualdad, sostenibilidad e innovación, y promoverá la creación de un servicio público de asesoría para las empresas cooperativas.

Asimismo, favorecerá los procesos de transformación de empresas en crisis en cooperativas y sociedades laborales mediante un asesoramiento estratégico y técnico, así como mediante la posibilidad de que los trabajadores puedan capitalizar el pago único de la prestación por desempleo sin la necesidad de abandonar la producción en la empresa.

ECONOMÍA COLABORATIVA

Podemos defiende, además, la potenciación de una economía del bien común por medio de la introducción de medidas como un balance del bien común o un etiquetado ético, con el fin de identificar las huellas ecológica y social de los productos y la compra pública ética.

Además, impulsará políticas públicas orientadas al fomento de un consumo responsable por parte de los consumidores, a partir de acciones educativas y de divulgación.

Se compromete a aprobar también una ley integral y transversal que regule y ponga en equilibrio los intereses de todas las partes implicadas, sus derechos y sus obligaciones, especialmente en materia fiscal y de Seguridad Social.

Del mismo modo, analizará la posibilidad de reconocer alternativas monetarias que puedan ser utilizadas localmente en las transacciones efectuadas por particulares en el ámbito de la economía colaborativa

Impulsará el emprendimiento en sectores innovadores, particularmente en la economía digital, mediante el impulso de ‘hubs’, que son pequeños centros de negocio, y clústeres de innovación.

Igualmente, favorecerá el acceso a espacios de trabajo y de ‘coworking’ a las incubadoras de emprendedores y empresas ‘start-up’, hasta conseguir crear una red de espacios de colaboración que permitan a pequeños emprendedores la mutualización de recursos, ofrecer servicios compartidos y facilitar la innovación de forma descentralizada.

Por último, propone promover los fondos públicos de inversión en estos sectores y la colaboración público-privada para producir aplicaciones digitales de interés general, así como regular la economía colaborativa para dotarla de un marco legal claro y fomentar la incorporación de servicios de la economía digital y colaborativa por parte de las administraciones.