En un comunicado, las organizaciones sindicales denuncian la existencia de “fraude de ley, abuso de derechos y concentración de subvenciones en pocos beneficiarios” en la convocatoria estatal de ayudas para la formación de jóvenes durante este año, que asciende a 40 millones de euros.

En este sentido, CCOO y UGT aseveran que “algunas redes de consultoras y centros” han conseguido la máxima valoración técnica mediante “subterfugios y artificios”, de modo que los proyectos con propuesta de aprobación, “si bien tienen apariencia de legalidad, no cumplen los fines de la convocatoria ni los principios de eficacia y eficiencia”.

Las organizaciones sindicales apuntan algunos de los “subterfugios” que, según denuncian, utilizan estas entidades, como “proyectos en los que la mayoría de los cursos son para un único alumno” o cursos con más profesores que alumnos.