El sindicato ha hecho público un manifiesto con motivo del Día contra la Violencia de Género, que se celebra este miércoles, en el que reclama la reserva de este cupo como medida para ofrecer una salida laboral digna a estas mujeres o para ayudarlas a continuar con su carrera profesional, que puede haberse visto truncada por su maltratador.

CSIF pide, además, que se desarrollen protocolos de movilidad para empleadas públicas víctimas de violencia de género entre las distintas administraciones que garanticen su seguridad y su adaptación a la vida normal.

Según el sindicato, "cuando se consiguen estos protocolos no se aplican, como es el caso de la Administración General del Estado, donde hace ya medio año que el documento quedó cerrado y todavía no ha sido publicado”.

CSIF también pide que las familias de estas mujeres tengan consideración de familia numerosa a efectos fiscales.

"ALIANZA SOCIAL"

El manifiesto aboga por un gran pacto de Estado contra la violencia de género. “Es preciso renovar la alianza social", señala, "e impulsar una gran coalición en todos los ámbitos concernidos: gobiernos, Administración, partidos, sindicatos, organizaciones sociales, medios de comunicación, para generalizar el rechazo social a esta lacra y reducir al máximo los espacios de impunidad que puedan crearse en el ámbito público, privado o legislativo”.

Asimismo, CSIF ve necesario que el Gobierno realice “una apuesta decidida por la mejora de la eficacia policial en la lucha contra este problema, mejorando igualmente los mecanismos de coordinación, así como los medios humanos y económicos”.

El sindicato exige la aprobación definitiva de la norma que ampara la creación de la Unidad de Familia y Mujer en la Policía. También demanda la aprobación del nuevo cuestionario de valoración de riesgo, que permita que los policías y guardias civiles puedan ajustar mejor el grado de protección que se presta a las víctimas de violencia de género.

“Sin dudar de la buena voluntad de esta forma de actuar debemos denunciar que hoy existe un vacío de prevención y seguimiento de casos, que no permite evaluar los resultados de las medidas implantadas y su necesaria evolución para una mayor protección y para garantizar que ninguna mujer quede desprotegida”, indica.