La Sección Primera de la Sala de lo Penal ha señalado para hoy y el viernes el juicio, en el que están acusados de dos delitos de asesinato, otros diez de asesinato en grado de tentativa y uno de estragos terroristas.

Alberdi se encuentra en prisión provisional tras ser detenida en 2014 en México, donde permaneció huida durante 22 años. La etarra fue extraditada en febrero del pasado año junto a su pareja, Narváez Goñi, desde Puerto Vallarta, donde ambos residieron con sus hijos durante más de dos décadas.

El Supremo la absolvió este mismo mes de una pena de 119 años de prisión por matar a tres artificieros con un paquete-bomba enviado al Ministerio de Justicia el 1 de julio de 1991. El Alto Tribunal anuló la condena impuesta por la Sección Tercera de lo Penal de la Audiencia Nacional por entender que vulneró su derecho a la presunción de inocencia al no haber prueba suficiente de su participación en los hechos.

En su escrito provisional de conclusiones, la Fiscalía sostiene que José Luis Urrusolo Sistiaga, ya condenado por estos hechos, dirigía el 'comando Ekaitz' de ETA, del que formaban parte los dos acusados. Los tres se propusieron "dar muerte al mayor número posible de policías" mediante la remisión de un paquete-bomba, que contenía una trampa, al presidente de la empresa Construcciones Atocha.

Esta empresa, que dirigía Jesús Gallego y había participado con la mercantil Construcciones Ramos Hidalgo en la construcción de una autopista en el Valle de Leiza que la banda terrorista rechazaba, había recibido unos días antes la visita de una persona que decía ser periodista del diario 'Egin', que recababa datos sobre directivos de la compañía.

Según el Ministerio Público, Urrusolo confeccionó el artefacto y facilitó la dirección de la empresa sita en Madrid, mientras que Alberdi facilitó la relación de empresas de paquetería ubicadas en Toledo y Narváez se encargó de llevar personalmente la bomba trampa a la delegación toledana de la empresa de mensajería Servitrans.

El envío, que contenía tres kilos de amonal y tenía el nombre de un remitente inexistente, fue recibido en la delegación madrileña de Servitrans, donde despertó las sospechas de los empleados, que llamaron a la Policía.

Un Equipo de Desactivación de Explosivos (EDE) se trasladó al lugar y en el momento en el que los tedax examinaban el artefacto, este hizo explosión, causando la muerte inmediata de los agentes Andrés Muñoz Pérez y Valentín Martín Sánchez. En el atentado resultaron heridos siete policías, dos empleados de Servitrans y otro trabajador de una empresa de cerrajería que se encontraba en la zona.