El Gobierno tomó esta decisión a propuesta del ministro de Justicia, Rafael Catalá, que de esta forma da trámite a la solicitud de las autoridades colombianas de juzgar a Maldonado por presuntos delitos de estafa agravada y continuada.

Según informó Justicia, el reclamado es un destacado empresario de Colombia, que está implicado en uno de los mayores escándalos financieros de los últimos años en su país. Por estos hechos fue detenido en Madrid el pasado 26 de marzo y permanece desde entonces en prisión provisional.

Los hechos por los que Maldonado es reclamado por las autoridades colombianas tuvieron lugar entre los años 2008 y 2012, cuando el empresario, como accionista mayoritario de una sociedad ubicada en Bogotá, ofrecía productos financieros en el exterior a inversionistas colombianos.

La investigación en Colombia apunta a que el reclamado habría desviado el dinero depositado en esos fondos de más de 1.200 clientes hacia empresas vinculadas a él mismo y sus socios, algunas situadas fuera de Colombia. Esto habría causado un daño patrimonial cercano a los 350.000 millones de pesos colombianos (más de 100 millones de euros).