Esta fundación indicó que los niños son “protagonistas directos” de lo que ocurre en su entorno familiar, por lo que instó a que los divorcios no sean un obstáculo para que los miembros de la familia mantengan una comunicación entre ellos, con el objetivo de que los hijos menores puedan desarrollar su personalidad plenamente.

En este sentido, recomienda que, de mutuo acuerdo, los progenitores pacten en convenio regulador “las medidas que consideren más beneficiosas para los hijos y que les faciliten que la situación de separación y divorcio tenga el menor impacto posible para ellos”, bajo el principio de que los intereses de los menores sean velados desde el punto de vista jurídico.

En los supuestos de desacuerdo, la Fundación Legálitas recordó que cualquiera de los progenitores puede iniciar un procedimiento de separación o divorcio contencioso en el que, después de haber oído a ambos -y al hijo si tuviera suficiente juicio y fuera mayor de 12 años- el juez, entre otras medidas, puede atribuir la guarda y custodia a uno de ellos o a ambos de forma conjunta.

Esta fundación también alertó sobre los peligros relacionados con las nuevas tecnologías, entre los que se encuentra el ‘ciberacoso’. “El uso de las nuevas tecnologías por parte de los menores es cada vez mayor y comienza a edades más tempranas”, indicó, y señaló la importancia de hacer un uso responsable de las redes sociales y las aplicaciones móviles.

En esta línea, recomienda que los menores no acepten como ‘amigo’ a personas desconocidas o que reenvíen contenidos que puedan ser dañinos, y señala como algo beneficioso que los menores mantengan cierta comunicación sobre lo que hacen en la Red.

Otra de las cuestiones que aborda la Fundación Legálitas que puede resultar problemática para los niños es la violencia de género, ya que “los menores son, en muchos casos, además de testigos silenciosos de la violencia de género, víctimas directas de esta”.

En este sentido, recuerda que tras la modificación del Sistema de Protección a la Infancia y a la Adolescencia el pasado mes de agosto, “los jueces deberán acordar obligatoriamente medidas cautelares de protección, entre las que pueden decidir la suspensión del régimen de visitas, estancia, relación o comunicación con el inculpado”.

Asimismo, remarca que al agresor se le suspenderá el abono de la pensión de viudedad desde el momento en que sea imputado, o que los menores tendrán acceso a la pensión de orfandad completa.