El tribunal acuerda dar traslado de la demanda al Congreso de los Diputados, al Senado y al Gobierno, que disponen de un plazo de 15 días para personarse en el procedimiento y formular alegaciones. La admisión a trámite no supone pronunciamiento alguno sobre el fondo del citado asunto, que el Constitucional resolverá en próximas fechas.

El pasado mes de octubre, muy poco antes de que se produjera la resolución independentista del Parlament que fue suspendida por el TC, el Gobierno catalán en funciones recurrió ante el tribunal de garantías esta ley por invasión de sus competencias.

El Ejecutivo catalán consideraba que al imponer un régimen de sanciones para toda España, la ley recurrida "resulta inconstitucional porque invade las competencias de la Generalitat".

Según el Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, esta norma da criterios homogéneos a todos los operadores del sector agroalimentario, con independencia de su ámbito territorial, para facilitar el control de la calidad y defensa contra el fraude alimentario.