Junto al coordinador general de Izquierda Unida, Cayo Lara, Garzón se reunió con representantes de trabajadores inmersos en procesos de ERE y ERTE o con problemas de cobro de los salarios, como Coca-Cola, Indra, Vodafone, contratas de Movistar, Telemadrid, Airbus o Correos, entre otras.

Garzón denunció la “indiferencia” del Gobierno ante la situación de los trabajadores en esas empresas, cuando no su “complicidad” con las decisiones tomadas. Ante sus representantes, reiteró su compromiso con la derogación de ambas reformas y aseguró que la lucha que mantienen en las calles y en las instituciones es la de toda la sociedad para preservar la dignidad del empleo.

Izquierda Unida seguirá siendo un “instrumento útil” en esa lucha, aseguró Garzón, defendiendo un nuevo Estatuto de los Trabajadores, el refuerzo de la negociación colectiva, la recuperación de la indemnización de 45 días por año y de los demás derechos “robados”, y abogando también por un nuevo modelo productivo para asegurar la diversificación industrial y empleo no vinculado a sectores estacionales, precarios y de escaso valor añadido.

Además, defiende también la subida progresiva del Salario Mínimo Interprofesional (SMI) y la inversión de 9.400 millones de euros netos para crear un millón de empleos en un año, una propuesta “modesta” pero que considera viable y propia de la situación de “emergencia social”.