Carballeda, en declaraciones a Servimedia señaló que la introducción de criterios sociales en la contratación pública para dar preferencia a las empresas que tengan en sus plantillas más de un dos por ciento de trabajadores con discapacidad "es una medida muy positiva. La Administración tiene que dar ejemplo y primar en su contratación a las empresas que cumplen la ley, en este caso, la normativa que establece que las empresas deben incorporar en sus plantillas a personas con discapacidad".

"Es un camino abierto para mejorar nuestra capacidad de acceder a un empleo digno y, muy importante, para generar entre los empresarios una cultura proactiva para aprovechar el talento de las personas con discapacidad. Si se cumpliese el 2% que marca la Ley, hoy por hoy se cumple solo el 1%, se podrían crear 50.000 nuevos puestos de trabajo para personas con discapacidad", agregó.

Sobre los 14 millones más que se aportarán del IRPF a programas contra la exclusión social, Carballeda subrayó que "la solidaridad que la ciudadanía muestra con el 0,7% de sus impuestos no puede tener mejor destino que apoyar a otros fines sociales a quienes se encuentran en determinados riesgos, y especialmente para aquellos ciudadanos con riesgo de exclusión social que, en estos tiempos de recesión económica, sufren aún más. No podemos permitir que la crisis genere un aumento de los grupos en exclusión y dar marcha atrás en los logros alcanzados".

También se mostró muy satisfecho el presidente de la ONCE y su Fundacón sobre los 30 millones de euros que destinará el Gobierno en políticas de inclusión social a través de la ONG. "La importancia del sector asociativo en España ha puesto de manifiesto que, mejor que nadie, quienes trabajan directamente con los sectores más afectados son los más apropiados para que los recursos tengan un mejor y mayor aprovechamiento. Cualquier incremento en estas políticas se traducirá sin duda en mejores posibilidades de acceder a un empleo para estas personas. En el último año, se ha reducido un 27% el nivel de contratación de estas personas, mientras que se ha incrementado un 32% la demanda de empleo por parte de personas vulnerables.

Con estos nuevos fondos, se podrá ampliar la formación a más de 30.000 ciudadanos en riesgo de exclusión, entre ellos personas con discapacidad, y lograr un empleo para unos 4.000. La mejor manera de inclusión social es la creación de empleo".

Por último, sobre los más de 300 millones de euros para proyectos de inclusión social que llevarán a cabo los ayuntamientos, Carballeda señaló que "es un avance muy importante para el desarrollo local que es donde la crisis tiene una mayor incidencia y genera una mayor brecha social como constatamos cada día en el testimonio de nuestros vendedores del cupón".