Según informó el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, el real decreto recoge los estándares internacionales en esta materia, tanto de la Unión Europea como de la OCDE.

En virtud de este texto, las instituciones financieras deben identificar primero la residencia de las personas que ostenten la titularidad o el control de cuentas financieras y, posteriormente, suministrar información a la Agencia Tributaria respecto de tales cuentas.

Las instituciones financieras deberán suministrar por primera vez la información relativa al año 2016, a lo largo del ejercicio 2017.

El reglamento define las instituciones financieras obligadas a informar, si bien se exceptúan algunos casos como los bancos centrales y el contenido de la información a suministrar (nombre, apellidos o razón social del titular, domicilio, número de cuenta, saldo y valor de la misma).

La norma establece el bloqueo de cuentas en caso de que en el plazo de 90 días no se aporte a la institución financiera la declaración de residencia del titular.

Según Hacienda, la obtención de esta información por la Agencia Tributaria, así como la posibilidad de intercambiarla con otros estados y obtener información de estos, supondrá "un importante impulso en la lucha contra el fraude, especialmente el más sofisticado".

Por otra parte, Hacienda informa que dentro de los nuevos pasos sobre el intercambio automático de información con otros estados destaca el modelo de convenio firmado en 2013 entre España y Estados Unidos.

Este modelo de convenio necesitaba de un último paso que es la firma de un acuerdo técnico entre autoridades competentes, las administraciones tributarias de España (Agencia Tributaria) y EEUU (Internal Revenue Service, IRS).

El acuerdo ya ha sido firmado por el secretario de Estado de Hacienda, Miguel Ferre, en calidad de presidente de la Agencia Tributaria, estando pendiente solo de la firma y ratificación por parte de su homólogo del IRS de EEUU.