Los instructores, que se reunieron en la Junta Sectorial el pasado 4 de noviembre, trasladan su escrito de protesta a la Sala de Gobierno de la Audiencia Nacional, para que ponga en conocimiento del Ministerio de Justicia y del Consejo General del Poder Judicial “las graves disfuncionalidades” que han apreciado en sus primeras semanas de trabajo en el nuevo edificio.

Santiago Pedraz, Ismael Moreno, Juan Pablo González, Fernando Andreu y José de la Mata suscriben por unanimidad un texto en el que protestan por la limitación del espacio destinado a los funcionarios, que en cuatro de los seis juzgados no permitiría un aumento del plantilla. Además, explican que el reducido espacio obliga a colocar fotocopiadoras y otros materiales en zonas de paso, "vulnerando así las normas sobre riesgos laborales". En el documento falta la firma del jue Eloy Velasco, que se encontraba de permiso.

Explican que no existen salas de espera, ni hay espacios que permitan atender “en condiciones dignas” a público y profesionales, que tampoco disponen de sitio para examinar las actuaciones.

Denuncian que las salas de declaración son “pequeñas, agobiantes para declaraciones de más de dos horas, y desde fuera se puede oír fácilmente lo que se habla dentro”. Tampoco se ha habilitado alguna sala de mayor tamaño “para el caso de que tengan que asistir muchos profesionales, lo cual acontece en múltiples ocasiones”.

INTIMIDAD DE LOS TESTIGOS

Además, en el pasillo de espera a las salas de declaración “confluyen múltiples personas, de forma que ni siquiera existe un lugar para preservar a los testigos, y asimismo cuando el juez acude a la sala respectiva debe hacerlo entre todas ellas”.

Critican la inexistencia de una sala de reuniones para las jueces, donde puedan mantener encuentros entre ellos o con fuerzas policiales, Ministerio Fiscal u otros operadores jurídicos, que no caben en sus despachos, preparados para acoger un máximo de cinco personas.

En el quinto punto del escrito indican que el Decanato está ubicado dentro del archivo documental, “sin un espacio digno”, que tampoco se ha previsto para el registro penal. “Resulta paradójico que mientras en la antigua sede ninguno de estos problemas acontecía, ahora en el nuevo edificio se den, redundando obviamente en perjuicio de una adecuada Administración de justicia”, dicen los magistrados.

Por eso, solicitan que el Decanato, el registro penal, las salas de espera y consultas para profesionales, dos salas de uso alternativo y otras dos de reuniones se reubiquen en las plantas primera y baja del edificio y que los seis juzgados se distribuyan en tres plantas y no en dos como están actualmente.

Además, proponen que en la zona subterránea bajo la plaza de la Villa de París, se permita el uso de espacios en el caso de que en los juzgados no haya suficiente, se cree un acceso independiente a las salas de declaración, la insonorización de las salas de declaración y la habilitación de una pequeña dependencia para preservar a los testigos.