Así se expresó López en una rueda de prensa en la que compareció junto al presidente de la asociación profesional europea (Ifatca), Marc Baumgartner, y el vicepresidente de la coordinadora de sindicatos, Francois Burgués.

En cuanto a posibles movilizaciones, López advirtió que “flaco favor le hacemos al turismo y a los pasajeros que se puedan ir en Semana Santa si estamos alimentando continuamente la sospecha de que pueda pasar algo”.

Por ello, reiteró que “no hay previsto ningún tipo de medida” y pidió que “no se siga alimentando este fantasma porque si se dieran las circunstancias que nos hicieran valorar llevar a cabo alguna medida lo diríamos de forma transparente”.

En referencia a sus condiciones de trabajo con el decreto, explicó que está generando “miedo y tensión en el desarrollo de la vida laboral” y denunció que los controladores “no saben dónde está el límite entre la obediencia laboral y el ejercicio en libertad de nuestra profesión en base a la licencia que nos da Aviación Civil”.

Por otro lado, indicó que los asesores jurídicos de USCA siguen estudiando acciones legales contra el decreto para “defender lo que consideramos que es una injusticia” y “una expropiación de los derechos laborales a los trabajadores bajo el principio de 'porque lo mando yo'”.

A este respecto, aclaró que el hecho de seguir negociando con AENA no significa que USCA reconozca la legalidad del decreto y afirmó que “es difícil mantener una negociación cuando aún puede variar” en su tramitación parlamentaria.

Asimismo, explicó que tras volver a la mesa con este nuevo marco de negociación AENA todavía no ha presentado sus propuestas sobre el convenio.

Por su parte, Baumgartner explicó que en Ifatca existe “una tremenda preocupación” por el decreto porque ciertos artículos establecen un “clima de miedo que no ayuda y tiene impacto en el trabajo básico del control aéreo-“.

Se refirió también a la ampliación del horario de 1.200 a 1.750 horas. Según Ifatca, lo recomendable es que los controladores tengan una jornada de 1.450 horas anuales y un límite máximo de 35 horas semanales (1.750 al año). Además, denunció que según los cálculos de Ifatca en España faltan unos 240 controladores, el 10% de los 2.400 actuales.

Finalmente, Burgués rechazó que “se produzcan decisiones unilaterales” de este tipo que atentan contra la negociación colectiva y reiteró que el decreto afectará a la seguridad y a los propios pasajeros.