Así se pronunció Rosell, en declaraciones a Servimedia, a su llegada a unas jornadas contra la corrupción y la delincuencia económica organizadas por la Unión Progresista de Fiscales y jueces para la Democracia que tuvieron lugar en el Centro Conde Duque de Madrid.

En ese sentido, la exjueza de instrucción y portavoz adjunta de la asociación Jueces para la Democracia mostró su desacuerdo con el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, quien celebró ayer que “el buen funcionamiento de la Justicia” después de que el Tribunal Constitucional admitiera a trámite el recurso planteado por el Ejecutivo para suspender la declaración independentista promovida por el Parlamento de Cataluña.

“Será el Tribunal Constitucional el que ha cumplido rápido con su deber y ha suspendido la declaración pero no el Gobierno, porque la solución es política y no jurídica”, sentenció.

Rosell lamentó que el Gobierno “haya perdido la ocasión” de ofrecer una “solución política” durante “estos cuatro años largos de legislatura” en lugar de “enquistar y polarizar este conflicto”. Esto le sirvió para proponer la convocatoria de una “consulta pactada” en la que los catalanes decidan la relación que desean mantener con el resto de España.

“Esto cabe en la Constitución dentro de los principios democráticos y el respeto a los derechos fundamentales. Esa es la labor del Gobierno y no cargar sobre los hombros de los jueces la carga de su inactividad”, comentó.

Rosell advirtió de que “ni los recursos ni las demandas ni las querellas son la solución a este problema. Puede ser una pequeña consecuencia pero no la solución”, al tiempo que manifestó que sólo un Ejecutivo que “no quiera sacar rentabilidad política y electoral sino ofrecer una solución pactada” podrá solucionar este problema.